COMECE insiste en proteger los registros bautismales frente a las exigencias de la UE

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha vuelto a expresar su preocupación ante la posibilidad de que la Unión Europea obligue a los archivos eclesiásticos a eliminar el nombre de aquellas personas que, tras abandonar la Iglesia, soliciten que se borren sus datos personales.

Las reacciones de la COMECE se producen después de que Laila Media, abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, mostrara su conformidad ante lo planteado por un ciudadano belga, que reclamó a la Diócesis de Gante la supresión de sus datos bautismales.

Los obispos europeos han emitido este viernes 20 de noviembre un documento de posición respecto al caso “C-12/25, Bisdom Gent”, elaborado con el apoyo de su Comisión de Asuntos Jurídicos.

En el texto, la COMECE precisa que el registro bautismal no revela necesariamente las creencias, convicciones o la afiliación religiosa actual de una persona, sino que recogen un hecho sacramental, que es la administración del bautismo.

Además, defienden que la “dimensión individual de la libertad religiosa debe situarse en pie de igualdad con las dimensiones colectiva e institucional de este derecho fundamental”.

Al ponderar los intereses en juego, insisten, “el dictamen concede un peso desproporcionado a la falta de consentimiento de la persona bautizada”.

Explican asimismo que la conservación de estos datos es necesaria para la vida de la Iglesia y que las propuestas para eliminar los datos no son suficientemente válidas. Asimismo, defienden que sólo el bautismo permite recibir los demás sacramentos, por lo que cualquier alteración en el registro afectaría el funcionamiento de toda la vida sacramental.

La Iglesia Católica en Europa rechaza la equiparación de los registros bautismales con otras bases de datos comerciales y piden que se respete el Derecho Canónico.

En el documento, los obispos instan a los tribunales europeos a evitar interpretar las normas canónicas de manera aislada ni atribuirles significados contrarios a la interpretación autorizada desde la Iglesia Católica.

A modo de conclusión, confían en que el Tribunal de Justicia de la UE establezca criterios que garanticen la protección de estos registros frente a su eliminación y que se mantenga el equilibrio entre la Iglesia y el Estado.