Letrero del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington, DC. / Crédito: Mark Van Scyoc/Shutterstock

La administración de Joe Biden “instrumentalizó” la ley federal contra los provida, según un informe de más de 800 páginas emitido por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

El informe del 14 de abril detalla cómo el Departamento de Justicia bajo Biden utilizó la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (conocida como FACE Act, por sus siglas en inglés) incluyendo la colaboración con grupos proaborto para perseguir a activistas provida.

El informe indica que el Departamento de Justicia “preguntó de manera afirmativa a grupos proaborto sobre los viajes y la actividad de defensa —protegida constitucionalmente— de personas provida”, según el comunicado de prensa del propio organismo.

“El DOJ de Biden y los fiscales de carrera monitorearon a activistas provida durante años antes de presentar cargos”, señala el comunicado.

El Departamento de Justicia también afirmó: “Los fiscales retuvieron deliberadamente pruebas que la defensa había solicitado para preparar su caso, intentaron excluir a jurados en función de su religión y autorizaron tácticas de arresto agresivas en lugar de permitir que los acusados provida se entregaran voluntariamente”.

Según el organismo, la administración Biden también “ayudó a un grupo proaborto a obtener financiamiento” y “buscó penas significativamente más duras para acusados provida que para acusados proaborto violentos”.

“Ningún departamento debería llevar a cabo persecuciones selectivas basadas en creencias”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

Demanda en Arkansas impugna leyes que protegen a los no nacidos

Seis mujeres y un obstetra-ginecólogo, el Dr. Chad Taylor, presentaron una demanda contra las leyes de Arkansas que protegen a los niños por nacer, argumentando que dichas leyes son inconstitucionales.

En una moción del 9 de abril, dos mujeres se sumaron a las cuatro originales en la demanda, solicitando al tribunal suspender las leyes de Arkansas mediante una medida cautelar.

La moción, de 75 páginas, sostiene que las leyes provida son inconstitucionales según la constitución estatal y que “carecen de cualquier relación racional con la protección de la vida, la salud o cualquier otro interés legítimo del Estado”.

Presentada por Amplify Legal, brazo legal de Abortion in America, la acción es el desarrollo más reciente de una demanda iniciada el 2 de febrero.

La demanda incluye testimonios de mujeres a quienes se les negó el aborto en su estado, incluyendo una que buscó abortar un embarazo ectópico fuera del estado tras no recibir ayuda en hospitales locales, así como mujeres que buscaban abortar bebés con problemas graves o concebidos por violación.

Los embarazos ectópicos ponen en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. La ley de Arkansas permite el aborto en situaciones de riesgo vital “para salvar la vida de la mujer embarazada en una emergencia médica”.

Todos los estados de EE.UU. permiten el aborto si la vida de la mujer está en riesgo.

Grupos provida critican al Departamento de Justicia por alinearse con la industria del aborto químico

Más de 70 grupos provida instaron al Departamento de Justicia de EE.UU. a “dejar de ponerse del lado de la industria del aborto químico en contra de los estados provida” en una carta esta semana.

Dirigida al fiscal general interino Todd Blanche, la carta destaca los daños de la política federal que permite el envío por correo de medicamentos abortivos, tanto para las mujeres como para la integridad de las leyes estatales.

Los estados de Luisiana, Florida, Texas, Misuri, Idaho y Kansas demandaron a la Food and Drug Administration en tres casos distintos, buscando proteger a sus ciudadanos de los efectos de estos fármacos y frenar políticas que socavan sus leyes estatales. El Departamento de Justicia desestimó los tres casos.

“Trágicamente, hasta la fecha, este Departamento de Justicia ha minimizado los daños del aborto por correo y ha pedido que cada caso sea suspendido o incluso desestimado por completo”, señala la carta del 13 de abril.

“Cuando los medicamentos abortivos están disponibles por correo, no hay rendición de cuentas, las leyes estatales quedan sin efecto y las mujeres y niñas resultan perjudicadas. Este es un camino dañino y políticamente peligroso”, añade el texto.

“La DOJ y la FDA tienen la autoridad y el deber de actuar de inmediato”, declaró Marjorie Dannenfelser.

Juez dictamina que ley de Oregón que exige cobertura de aborto es inconstitucional

Un juez federal en Oregón dictaminó que una ley estatal que obliga a los seguros de salud a cubrir abortos y anticonceptivos viola los derechos constitucionales de Oregon Right to Life, un grupo que se opone al aborto.

El fallo provisional del juez federal Mustafa Kasubhai representa una victoria para el grupo provida, aunque la decisión completa se publicará en al menos una semana.

El fallo determinó que la ley estatal de 2017, conocida como Reproductive Health Equity Act, no puede aplicarse a Oregon Right to Life. Esta ley obliga a las aseguradoras a no imponer deducibles ni copagos para anticonceptivos y abortos. Incluye una exención por motivos religiosos, pero no por objeción de conciencia.

Oregon Right to Life presentó la demanda en 2023, argumentando que, aunque no calificaba para la exención religiosa, la ley violaba sus derechos bajo la Primera Enmienda. En 2024, otro juez federal rechazó su inclusión en la exención, pero en 2025 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó esa decisión.

La directora del grupo, Lois Anderson, calificó el fallo reciente como “una victoria para todos los provida de Oregón”.

Artículo publicado originalmente en el EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.