En el Congreso de Colombia ha sido presentado un proyecto de ley para prohibir la maternidad subrogada, comúnmente conocida como “vientre de alquiler”, y así frenar “la explotación reproductiva de las mujeres y evitar que los niños sean convertidos en objeto de transacciones”.

En su exposición de motivos, se indica que la iniciativa es una respuesta a las exhortaciones de la Corte Constitucional que, en cuatro sentencias, ha llamado al Congreso a legislar sobre la maternidad subrogada, porque el vacío normativo “genera consecuencias directas sobre los derechos fundamentales de las mujeres gestantes y de los niños nacidos bajo esta práctica”.

El representante Luis Miguel López Aristizábal, autor del proyecto de ley, indicó que este vacío legal ha causado que el país se convierta en “uno de los principales destinos de un mal llamado turismo reproductivo, donde vienen parejas del extranjero a comprar bebés a Colombia”.

El proyecto de ley cita que, “por ejemplo, la Agencia Tammuz Family que trabaja con la Clínica Celagem y cuatro clínicas adicionales en Bogotá, afirma en su página web que ‘la subrogación en Colombia es accesible para parejas del mismo sexo y hombres solteros que buscan un camino más asequible hacia la paternidad’”.

La iniciativa de ley también indica que “los costos para planes en Colombia están a partir de los US $63.500 (para el plan básico E.E). A una tasa de cambio de $3.400 pesos eso equivale a $215.900.000 (en un plan básico) de los que a la gestante se le dan entre $25.000.000 y $40.000.000 millones de pesos. Esto demuestra que más del 85% de las ganancias de este negocio se quedan en las clínicas e intermediarios”.

Qué establece el proyecto de ley

En una nota de la Oficina del representante López Aristizábal se señala que “el proyecto no criminaliza a la mujer gestante: la protege y dirige las sanciones contra quienes promueven, intermedian, financian u organizan esta práctica”.

Para ello, el proyecto crea “el tipo penal de ‘explotación reproductiva mediante maternidad subrogada’”, sea gratuita o comercial, sancionando a quienes la promuevan, intermedien, financien u organicen con “penas de 120 a 192 meses de prisión y multas de 500 a 1.500 salarios mínimos, con agravantes cuando exista vulnerabilidad de la mujer”.

Estas sanciones alcanzan también a los ciudadanos colombianos que hayan ejecutado total o parcialmente la maternidad subrogada en el extranjero.

Además de proteger “a la gestante de devolver los pagos recibidos”, establece que “para todos los efectos legales, la madre de los niños gestados o nacidos en Colombia es la mujer que los gesta y da a luz”.

“Hagan esto por su país”

La radicación del proyecto contó con la presencia de la activista internacional Olivia Maurel, autora del libro ¿Dónde estás, mamá?, y quien nació mediante maternidad subrogada. Durante un foro, Maurel aportó “al debate su propia experiencia y la perspectiva de quien nació mediante este procedimiento”.

“Hoy es muy importante que esta ley se pase porque va a proteger a las mujeres más vulnerables de Colombia” y “a los niños de nacer bajo esta práctica y de tener que sufrir las consecuencias del lobby de la subrogacía”, señaló.

“Hagan esto por su país, por sus mujeres y por sus hijos”, expresó Maurel, quien es portavoz de la Declaración de Casablanca para la abolición universal de la maternidad subrogada.

Durante la presentación, López Aristizábal afirmó que el proyecto tiene el respaldo de quince firmas de legisladores de varios partidos, como del Partido Liberal, Partido Conservador, Movimiento Salvación Nacional, Centro Democrático, Pacto Histórico, y Dignidad y Compromiso.