Inversionistas católicos instan a una importante empresa de envíos a evaluar el riesgo legal de transportar medicamentos abortivos entre estados de Estados Unidos.

En la asamblea anual de FedEx, celebrada el 28 de septiembre, la Diócesis de Fort Worth, Texas, presentó una propuesta de accionistas para pedir a la empresa que analice los riesgos regulatorios y reputacionales de continuar enviando la píldora abortiva mifepristona a estados donde el aborto es ilegal.

“Dada su posición como uno de los mayores servicios de envíos de Estados Unidos, queríamos destacar el riesgo al que FedEx podría estar exponiendo a sus accionistas si se aplica la Ley Comstock y continúa enviando mifepristona, uno de los principales medicamentos utilizados en el aborto farmacológico”, escribió el obispo Michael Olson en una carta a otros prelados católicos, en la que les pidió votar a favor de la propuesta si sus diócesis poseen acciones de la empresa.

Mons. Olson dijo a EWTN News que publicó la carta en un sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) de acceso exclusivo para obispos. Citando las Directrices de Inversión Socialmente Responsable del episcopado estadounidense, describió la propuesta como “parte del proceso de administración responsable de” las acciones de empresas cotizadas que posee la diócesis y como “una oportunidad para promover la cultura de la vida”.

La propuesta solicitaba al consejo de administración de FedEx que, en el plazo de un año, presentara un informe sobre cómo supervisa los riesgos legales, regulatorios y reputacionales del transporte de medicamentos abortivos solicitados por correo. No pedía que la empresa dejara de enviar el fármaco. El consejo se opuso a la propuesta. El recuento definitivo de votos aún no había concluido cuando la diócesis habló con EWTN News.

La cuestión surge de la Ley Comstock y de la interpretación que hizo de ella el Departamento de Justicia durante el gobierno de Biden. Aprobada por el Congreso en 1873, la ley penalizó el uso del sistema postal para enviar materiales obscenos, lascivos o indecentes; información o dispositivos relacionados con la anticoncepción; y artículos o información destinados a provocar abortos.

Más de 20 estados restringen o prohíben los medicamentos que provocan abortos dentro de sus fronteras. En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia del gobierno de Biden emitió un dictamen jurídico según el cual la Ley Comstock “no prohíbe el envío por correo de determinados medicamentos que pueden utilizarse para practicar abortos cuando el remitente no tiene la intención de que el destinatario los utilice ilegalmente”.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos dejó de exigir la entrega presencial de mifepristona en abril de 2021, durante el resto de la emergencia por el COVID-19. En diciembre de ese mismo año anunció que eliminaría permanentemente ese requisito, permitiendo que el medicamento se recetara y enviara a una paciente sin una consulta presencial.

“Sin embargo, la Ley Comstock sigue vigente y podría interpretarse y aplicarse con mayor rigor por este gobierno o por uno futuro”, afirmó Pia de Solenni, quien presentó la propuesta en nombre de la diócesis, en una carta que acompañaba la de Mons. Olson.

En esa carta, dijo a los obispos: “Su institución tiene una oportunidad única de aprovechar su participación accionaria en FedEx para solicitar un análisis de riesgos que no sólo proteja el valor de la empresa, sino que también obstaculice la entrega de un régimen de medicamentos que perjudica a las mujeres y destruye la vida humana por nacer”. Describió la propuesta como una “oportunidad única para frenar la distribución” de medicamentos abortivos.

Mons. Olson escribió que, “lamentablemente, desde que se revocó Roe v. Wade mediante el fallo Dobbs en 2022, las tasas de aborto en Estados Unidos han aumentado alrededor de un 20 %, debido en gran medida a la decisión del gobierno de flexibilizar las normas sobre la distribución” de medicamentos abortivos.

De Solenni, doctora en teología moral y excanciller de la Diócesis de Orange, California, es vicepresidenta de relaciones con empresas en IWP Capital, una firma con fines de lucro que realiza evaluaciones de inversiones, votaciones por representación y diálogo con empresas para inversionistas institucionales, consultores y gestores de activos.

Señaló que la firma “sólo mantiene un diálogo con las empresas desde una concepción cristiana de la plenitud humana”, basada en las Directrices de Inversión Socialmente Responsable de los obispos, publicadas por primera vez en 1991, revisadas en 2003 y actualizadas en 2021.

Dijo a EWTN News que intervino durante apenas unos tres minutos en la asamblea de 20 minutos y que la empresa respondió durante aproximadamente otros tres minutos.

Según explicó, la propuesta de la diócesis fue la única a la que respondió la empresa. “De entrada, ya es difícil conseguir que una propuesta se someta a votación”, señaló. Y, una vez que se logra, “es muy inusual que las empresas respondan a los accionistas. Normalmente dejan morir las propuestas”.

Describió el esfuerzo como una “victoria moral”.

“Si los inversionistas institucionales cristianos participaran, estaríamos cambiando estas empresas”, afirmó. “Si todos ejerciéramos nuestros votos por representación, si estas empresas escucharan nuestras opiniones, tendrían otros directivos y tomarían decisiones diferentes”.

De Solenni señaló que, en otro diálogo con Costco sobre la posibilidad de que sus tiendas vendieran la píldora abortiva, la primera razón que la empresa dio para no hacerlo fue que “tenían dudas sobre la Ley Comstock”.

“Nuestra estrategia a largo plazo”, dijo Mons. Olson, consiste en “ser accionistas responsables, mantener nuestras inversiones limpias y en consonancia con el Evangelio y la integridad de las enseñanzas de la Iglesia”.

Afirmó que el obispo Daniel Thomas, de Toledo, Ohio, presidente del Comité de Actividades Provida del episcopado, apoyaba la propuesta, que Mons. Olson describió como “parte de toda nuestra estrategia como diócesis para vivir conforme a Rerum novarum”, la encíclica del Papa León XIII publicada en 1891.

Sea cual sea el resultado final de la votación, afirmó que la diócesis mantendría “una vigilancia constante y el ejercicio continuo de la voz profética en estos ámbitos que se pasan por alto e incluso se dan por sentados”. Como inversionista institucional, dijo, la diócesis es “muy escrupulosa al respecto” y procura evitar “la cooperación formal con el mal, o incluso la cooperación material con el mal. Desde luego, lo comprobamos dos veces”.

El 30 de septiembre, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, junto con los fiscales generales de Alabama y Arkansas, presentó dos demandas relacionadas con píldoras abortivas enviadas por correo a estados que restringen el aborto: una ante la Corte Suprema contra las leyes escudo de Nueva York, California y Massachusetts, y otra contra proveedores acusados de enviar los medicamentos.

Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.